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Testigo incrimina a policías en ingreso de ilícitos al Penalito

Inicia juicio contra ocho agentes, tres pandilleros y un civil acusados de introducir objetos ilegales a bartolinas. Delito es castigado hasta con seis años de cárcel.

Libres. Los ocho policías enfrentan el proceso en libertad. Un tribunal va a definir si la Fiscalía logró recopilar suficientes pruebas para una condena, que podría ir desde los tres a los seis años en la cárcel.

Un testigo protegido confirmó ayer frente al Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador que ocho policías se asociaron con otros cuatro imputados para introducir drogas y celulares en las bartolinas de la Unidad de Servicios Extraordinarios de la Policía Nacional Civil (PNC). Esas bartolinas están ubicadas en la calle Concepción, departamento San Salvador, y son conocidas como «el Penalito» o «la Naval».
El testigo identificado con el seudónimo Dante relató al tribunal «las formas y los mecanismos que había para el ingreso» de ilícitos, dijo ayer un fiscal de la unidad de Administración de Justicia, de la Fiscalía General de la República (FGR). Dante es un exmiembro de la supuesta estructura de tráfico de ilícitos que decidió colaborar con las investigaciones a cambio de que la FGR le dé beneficios judiciales.

En total la Fiscalía acusa a ocho agentes policiales, incluido el subcomisionado Juan Armando Huezo Grande. Los fiscales reprochan al jefe policial que conocía las irregularidades de sus subalternos en las bartolinas, que estaban a su cargo, y no hizo nada para impedirlas ni denunció.
Los otros imputados son siete agentes, tres supuestos pandilleros y un civil, confirmó una fiscal que habló bajo el anonimato. La Fiscalía les acusa el delito tráfico de objetos prohibidos en centros de detención o reeducativos, castigado con penas entre tres y seis años de cárcel, según el Código Penal.
Las investigaciones sostienen que los policías cobraban desde $ 400 hasta $ 800 para ingresar chips, marihuana, celulares y cargadores de celulares, de acuerdo con un fiscal. «También se sacaba información en las llamadas ‘wilas. La estructura cobraba entre $400 y $800, según lo que contuviera el paquete ingresado. Esto siempre ha ocurrido lamentablemente en los centros de detención del país», agregó.

Todos fueron detenidos por las autoridades el 30 de agosto de 2017. La Fiscalía los acusó de tres delitos: introducir objetos prohibidos a centros penales, incumplimiento de deberes y agrupaciones ilícitas. El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador los exoneró de todo en febrero de 2019, pero una Cámara de lo Penal ordenó el juicio solo por la introducción de ilícitos. Ahora el tribunal debe definir si la Fiscalía tiene suficientes pruebas para condenarlos.
Una abogada de los policías, que no se identificó, dijo ayer: «Es imposible que ellos participaran, por eso han estado en libertad. Se logró demostrar que las fechas en que les atribuían a ellos (los delitos) estaban de licencia. (Dante) es un criteriado con interés personal». Ayer declararon otros dos testigos más y el juicio sigue hoy.

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