PNC Y FGR

Fiscalía pedirá cárcel para Munguía Payés.

Sus propiedades fueron allanadas.
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que pedirá detención provisional para David Victoriano Munguía Payés, exministro de Seguridad, acusado de actos arbitrarios, negociaciones ilícitas e incumplimiento de deberes que presuntamente cometió en el contexto de la tregua entre el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) entre los años 2012 y 2013.

De acuerdo con el fiscal del caso, el exfuncionario lideró el proceso de tregua con la venia del entonces presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena.

“Tuvo coautoría directa tanto por acciones positivas como por omisiones”, explicó el fiscal en declaraciones que divulgó la Fiscalía.

Esas acciones devinieron en la vulneración de las leyes penitenciarias y penales así como también en el fortalecimiento de las estructuras delictivas de las pandillas así como también en la confirmación de la identidad política de los cabecillas criminales.

El exfuncionario será presentado a los tribunales entre el sábado en la tarde y el domingo en la mañana.

Los fiscales del caso tienen 72 horas o tres días para presentar en un juzgado de paz el requerimiento en su contra.

El artículo 320 del Código Penal establece que el funcionario o empleado público que en el desempeño de su cargo cometa actos ilegales, vejaciones o atropellos contra otros será castigado con entre dos a cuatro años de prisión.

El artículo 328 del Código Penal establece que cualquier funcionario o empleado que intervenga en cualquier decisión o contrato o licitación abusando de su posición de poder será castigado con entre cuatro a ocho años de cárcel.

El exministro fue capturado el jueves 23 de julio en la noche. Según los fiscales del caso ya “andaba huyendo” porque había logrado enterarse que iba a ser imputado por su presunta participación en negociaciones durante la tregua entre pandillas o proceso de pacificación.

Munguía Payés se presume que fue el arquitecto de la tregua que devino en la abrupta caída de las estadísticas de homicidios.

Esa fue la negociación pero a cambio los funcionarios de la época facilitaron actos ilegales a los principales cabecillas pandilleros con la excusa que se mantuvieran activos para mantener los ánimos serenos en los territorios controlados por ellos mismos.

Este tipo de beneficios incluía la introducción a los centros penales, sin ningún tipo de control, de electrodomésticos y otros objetos ilícitos, además de la organización de fiestas que en algunos casos llegó a incluir bailarinas que se desnudaron frente a pandilleros, tal como lo reveló el video de la “pornofiesta” realizada en el penal de Izalco durante la tregua.

Estas investigaciones motivaron a la realización de dos juicios contra mandos medios que laboraban en la Dirección de Centros Penales durante el gobierno de Funes y el “mediador” de la tregua, el exguerrillero Raúl Mijango. En los dos juicios, los acusados salieron absueltos y el juez de la causa cuestionó por qué la Fiscalía no había procesado penalmente al expresidente Funes y a Munguía Payés.