Internacional

Caso Jesuitas: Inocente Montano es condenado a 133 años.

La Audiencia Nacional de España condenó este viernes a 133 años y cuatro meses de cárcel al que fuera coronel y viceministro de Seguridad Pública (1989) Inocente Orlando Montano por el asesinato de los cinco jesuitas españoles, entre ellos el sacerdote Ignacio Elllacuría, cometidos la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

En una sentencia, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal consideró a Montano autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista (los jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo) por cada uno de los cuales le impuso una pena de 26 años, 8 meses y un día de prisión.

Los magistrados también consideran a Montano autor de los asesinatos de otro jesuita salvadoreño, Joaquín López y López, de la cocinera de la universidad, Julia Elba Ramos, y de su hija de 15 años, Celina Mariceth Ramos, ejecutados junto con los religiosos, si bien no puede condenarle por estos hechos al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes.

La resolución de la Audiencia analiza el contexto en el que se produjeron los hechos, cuando en 1989, El Salvador atravesó una ofensiva entre la guerrilla del FMLN y el ejército cuscatleco que duró más de diez años.
Durante la diligencia en la audiencia Ibérica quedó constatado, que la promoción de la Academia Militar de Oficiales del Ejército Salvadoreño del año 1966 a la que pertenecía Montano conocida como “La Tandona” debido a que fue “la clase más grande poderosa y cohesiva del Ejército. Dado su tamaño inusualmente grande, los oficiales de este grupo esperaban gobernar al final de la década”, una opción “que habían estado anticipando desde por lo menos 1980”.

Inocente Montano –según la resolución- era miembro del “círculo íntimo” de poder de este grupo, denominado “los compadres”, y participaba en las decisiones con los demás “paralelo al mando gubernamental”.

El padre Ellacuría como rector de la UCA era considerado uno de los analistas políticos más importantes del país e insistía en la idea de que no creía que fuese posible una victoria militar ni de las fuerzas armadas ni del FMLN. Además, se caracterizó por su influencia en la sociedad salvadoreña a través de sus artículos, charla, análisis y propuestas. Esa participación en la vida pública le había creado poderosos enemigos y, de hecho, explica la sentencia, los jesuitas habían sido blancos durante toda la década de amenazas de muerte, registros y atentados en la UCA que fueron creciendo e intensidad y en número, hasta 49 en el año 1989; tanto fue el acoso institucional, que el Ejército difundió propaganda gubernamental en la que se coaccionaba a la población a repudiar la presencia de la compañía de Jesús en el país.

“En definitiva, el papel de la Iglesia como mediadora para tratar de acabar con la sangrienta guerra civil les granjeó la enemistad de la extrema derecha, quien temía que en la negociación se les privase de sus privilegios, y dentro de la Iglesia, se enfocaba especialmente a la figura de Ignacio Ellacuría, cuya insistencia hizo que cada vez hubiera más presión respecto de alcanzar una solución negociada al conflicto en los meses inmediatamente anteriores al asesinato de los jesuitas. La línea dura centró su atención en obstaculizarla, teniendo en cuenta que uno de los elementos centrales de la negociación era la depuración de las Fuerzas Armadas, cuyos miembros rechazaban”, se lee en la resolución.

El creciente consenso para que hubiera una purga de los oficiales del grupo de militares al que pertenecía el Coronel Montano en la Fuerza Armada, conocido como “La Tandona”, se debía principalmente a los esfuerzos de mediación de paz de Ignacio Ellacuría.

De esta forma, se había ido gestando entre los miembros que componían el Alto Mando, los cuales pertenecían casi en su totalidad a “la tandona”, la consideración de Ignacio Ellacuría como un “enemigo”, cuya labor de intermediación suponía una amenaza para su privilegiada posición, “por lo que comenzaron a plantearse la conveniencia de acabar” con su vida.

La sentencia relata la reunión de oficiales, entre los que se encontraba el viceministro de Seguridad Pública, el coronel Montano en la que se ordenó matar al padre Ellacuría y no dejar testigos, utilizando para ello unidad del batallón Alacatl. Después de la medianoche del 15 al 16 de noviembre, los soldados se reunieron fuera de la Escuela Militar, donde el coronel Rene Yusshy, les facilitó un fusil AK 47 de fabricación rusa que usaba habitualmente el FMLN con el fin de disparar con él y simular que habían sido los miembros del FMLN los autores de los hechos. Les ordenó también que hicieran creer que se produjo una confrontación militar una vez que los sacerdotes estuviesen muertos.
Los oficiales se acercaron a la residencia de los sacerdotes y cuando estos salieron de su residencia alertados por el ruido les ordenaron tirarse al suelo, momento en el que el oficial que llevaba el AK 47 empezó a disparar a los tres que estaban en el suelo, Ellacuría, Baró y Montes. Tras ello, según el relato de la sentencia, el subsargento y un cabo empezaron a disparar y mataron a los otros tres sacerdotes.

En ese mismo momento, el sargento que se había quedado custodiando a la cocinera de la universidad y a su hija efectuó numerosos disparos mientras ambas se agarraban. A continuación, cuando descubrió que seguían vivas en el suelo, abrazadas la una a la otra, ordenó a otro soldado que se asegurase de su muerte, lo que hizo descargando su M-16 “hasta acabar con ellas y prácticamente partirlas por la mitad”. Inmediatamente después, otro de los soldados, siguiendo instrucciones del teniente de la Escuela Militar escribió en una pared: “EL FLMN ejecutó a los enemigos espías. Victoria o muerte, FMLN”.

La sentencia, ponencia de Fernando Andreu, indica que los hechos son competencia de la jurisdicción española porque se trata de asesinatos terroristas cometidos contra víctimas españolas. Legalmente constituyen 8 delitos de asesinato de carácter terrorista y así lo hace constar a lo largo de los 128 folios, si bien la Sala sólo puede condenar por la muerte de los 5 ciudadanos españoles asesinados porque el Tribunal de distrito de Carolina del Sur que concedió la extradición de Montano redujo su entrega a las víctimas de nacionalidad española.

La sentencia no ha quedado en firme, y el tribunal Ibérico ha proporcionado la resolución por escrito, para que la defensa estime presentar un recurso de casación en una instancia judicial de mayor rango.