PNC Y FGR

FGR pedirá a España la resolución de Inocente Montano, por contener información de otros casos del conflicto armado salvadoreño.

En el marco del proceso judicial que se ventila en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, con relación a la masacre de 1,000 personas en el Cantón El Mozote de Morazán, el Fiscal General Raúl Melara, aseguró este viernes que van a solicitar a España información acerca de los operativos militares de este y otros crímenes que se cometieron en los años del conflicto armado.
El anuncio se produce luego de que el ex Coronel Inocente Montano, fuera condenado por un tribunal de España a 133 años de cárcel, al determinarse que fue uno de los autores intelectuales de la muerte de seis padres Jesuitas en las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA), en el año 1989.

En ese sentido, Melara manifestó que la información también servirá para promover el proceso judicial, que desde 2017 se está conociendo en el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, contra 17 oficiales de la Fuerza Armada, acusados del homicidio de los religiosos; un jesuita salvadoreño; y una empleada y su hija.

La Fiscalía hará la petición para conocer la resolución que emitió este 11 de septiembre a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Española.
«Vamos a tramitar un suplicatorio a España porque ese proceso ha dado a conocer información nueva, hay declaraciones de testigos, con los cuales la Fiscalía no contaba hasta el momento”, afirmó el jefe del Ministerio Público, durante la inauguración de la nueva sede fiscal de Usulután.

“Todos esos nuevos elementos van a ser determinantes para poder saber qué es lo que va a suceder en el futuro; la fiscalía no ha dejado de actuar, hay procesos que están en marcha, no nos hemos quedado inertes, hay que ver los elementos nuevos que se pueden aportar al proceso”, matizó Melara.
En la lectura del fallo de la Audiencia Nacional, se certificó la declaración de uno de los testigos de cargo: Yusshy Mendoza; ex oficial del Ejército que reveló el entramado delictivo alrededor de La Tandona, una promoción de militares que se graduó en el año 1966 y copaba -según los documentos de la Comisión de la verdad y peritos que investigaron- todas las instituciones gubernamentales en la década de los ochentas.

Mendoza reveló que el Alto Mando y el Estado Mayor Conjunto -que dirigían miembros de La Tandona- ordenaron y ejecutaron varios operativos de seguridad, a través del Batallón Atlacatl, que devinieron en varias masacres en el país, entre estas la de El Mozote y la UCA, en 1980 y 1989, respectivamente.